17 de jan de 2018

Um país à margem da Lei

“A intenção não é encarcerar Lula diretamente, o que pode convertê-lo num mártir, mas impedir que ele concorra à presidência”.

María José Fariñas, catedrática de Filosofía y Sociología del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid (España), é autora de um dos artigos do livro “Comentários a uma sentença anunciada – o processo Lula”. Ela lembra que, se o triplex do Guarujá pertencesse de fato a Lula, teria sido confiscado pelo juiz que o condenou em primeira instância. Diz, ainda, que identificar o descumprimento de normas constitucionais não apenas no juízo de Curitiba, mas nos tribunais superior.



CASO LULA: UN PAÍS AL MARGEN DE LA LEY

María José Fariñas

Desde hace tres años Brasil atraviesa un contexto social, económico, jurídico y político de gran retroceso, que ha derivado en una peligrosa crisis sistémica nacional. El último episodio ha sido la sentencia emitida por el juez Sérgio Moro en el caso de corrupción abierto por el MP contra el Expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), justo un día después de ser aprobada en el Senado la mayor reforma laboral en años con restricciones importantes a los derechos de los trabajadores y regresiones en las políticas sociales llevadas a cabo precisamente en las legislaturas encabezadas por Lula da Silva.

Tanto la forma como el contenido de todo este proceso judicial, incluyendo el partidario seguimiento mediático, apuntan a la puesta en práctica de un “derecho penal de autor”, donde el Expresidente Lula, y no los hechos, se ha convertido en el objeto mismo de la sanción legal. La percepción que se tiene internacionalmente es que asistimos a un juicio político ad personam, sobre todo si comparamos este caso con otros posibles casos de corrupción, como el de Aécio Neves o el del propio Presidente Michel Temer, cuyas cuantías lo sobrepasan con creces, pero que están siendo fuertemente protegidos por el STF.

Todo parece indicar que el fallo judicial del juez Sérgio Moro carece de prueba suficiente, teniendo en cuenta que entre los bienes confiscados ni siquiera aparece el Tripex de Guarujá, que es el objeto material de la sentencia condenatoria por corrupción. Pero la intención del mismo no es encarcelar directamente a Lula ya que lo convertiría en un “mártir” a ojos de gran parte de la ciudadanía brasileña, agravándose aún más la fractura social, sino de impedir que se pueda organizar para presentarse a las próximas elecciones presidenciales en 2018. Conseguido el impeachment contra la Expresidenta Dilma Rousseff hace un año (y no precisamente por corrupción), toca ahora la condena contra el Expresidente Lula da Silva, para destruir definitivamente su carrera política y, con ello, debilitar al PT y allanar el camino para las reformas estructurales de corte neoliberal, que el Gobierno de Temer ya ha iniciado.

A mi juicio, el trasfondo de todo esto es el de una cierta “anomia constitucional”, tal y como la explicó el iusfilósofo argentino Carlos Santiago NINO en su libro Un país al margen de la ley. Brasil se asemeja cada vez más a “un país al margen de la ley”, donde impera una cultura del incumplimiento y de la impunidad (un “todo vale” con tal de conseguir el poder y el dinero), con prácticas consentidas de corrupción, favoritismo administrativo, arbitrariedad, elitismo, defensa política de los intereses oligárquicos, corporativos o particulares, y con graves disfunciones en la representación política democrática. Todo lo cual se ha agravado desde las revelaciones de corrupción en la empresa estatal Petrobras.

Obviamente, todo esto desemboca en una quiebra del Estado de Derecho (en tanto que rule of law) y de la estructuración democrática de toda la sociedad. Si falla el Estado de Derecho, la situación política deriva en autoritarismo o anarquía (o en un cierto Estado de Excepción). Si falla la democracia, la situación deriva en exclusión social, desigualdad socioeconómica e injusticia.

La Sentencia del juez Moro contra el Expresidente Lula, al igual que algunas actuaciones recientes del STF o del Parlamento brasileño, ponen de manifiesto algo preocupante. Por un lado, una inobservancia generalizada de las normas jurídicas, y especialmente un incumplimiento de las normas constitucionales (dada su eficacia normativa directa) en beneficio de sujetos e intereses concretos y privados. Por otro lado, la ignorancia de los fines generales perseguidos por las normas jurídicas, es decir, la satisfacción de expectativas y derechos para la mayoría.

La ciudadanía lo percibe como una falta de “lealtad constitucional” por parte de los poderes públicos y privados, es decir, la utilización de las normas constitucionales con fines diferentes para los que fueron creadas. O dicho de otra manera y al estilo de García Márquez, “burlar las leyes sin violarlas o violarlas sin castigo”. Finalmente, los ciudadanos se sienten desconfiados, frustrados y desafectados con respecto a las normas e instituciones que permiten la vertebración democrática, basada fundamentalmente en el respeto y la protección de los todos los derechos para toda la ciudadana, reforzándolos y/o blindándolos contra – parafraseando a Luigi Ferrajoli – los “poderes salvajes” tanto arcanos como los nuevos derivados de la globalización neoliberal.

Además se cae en una falsa retórica de las llamadas a la honradez política y a la lucha contra la corrupción, que no va a buscar las causas, sino sólo a incidir sobre algunos resultados finales. La causa es la siguiente: el sistema político y económico brasileño está en ruinas, pasa por su peor momento. Existe una crisis institucional muy grave, una cooptación de las instituciones democráticas por los intereses privados de los grandes poderes económicos y financieros, un secuestro de la voluntad popular, así como una restricción de derechos y libertades fundamentales. Se ha caído en la estrategia del caracol y los verdaderos corruptos siguen impunes. Paralelamente el principal problema social persiste y radica en el propio sistema político y económico productor compulsivo de desigualdades de todo tipo. La cuestión no está sólo en una ética individual. Es el sistema el que sostiene la corrupción.

Si no se tiene claro que el objetivo último es la igualdad, la inclusión social, los derechos sociales, el trabajo digno y el interés general, nadie va a luchar en serio contra los delitos económicos ni contra la corrupción política y la extorsión. Pero tampoco Brasil conseguirá salir del subdesarrollo social y político. Seguirá siendo un sistema que sobre el papel y solo así se podrá denominar Estado constitucional de Derecho. Un Estado que permite que se utilice ahora la figura del Expresidente Lula como “chivo expiatorio” de la podredumbre de todo un sistema netamente plutocrático que actúa ya sin contrapesos. Brasil no responde al modelo de Estado de Derecho y democracia que proclaman sus leyes y su Constitución, pero tampoco estamos ante su negación total. No se debería olvidar que las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también por lo que con ellas se hace.

No Dilma

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