26 de ago de 2017

La economía brasilera en tiempos de Temer: Pocos ganan, muchos pierden


Ni aprobado ni querido. Michel Temer cuenta con una tasa de popularidad que no supera los 5 puntos porcentuales y el 70% de los ciudadanos considera que su gestión es “mala o pésima” [1]. Lo peor es que aun siendo acusado de corrupción pasiva, el presidente de facto de Brasil ha logrado sacar adelante uno de sus dos proyectos bandera: la reforma laboral. La agenda de ajustes de Temer contempla además cambios al Sistema Previsional. Pero vamos por partes.

Reforma Laboral

En un contexto de crisis económica, una tasa de desempleo de 13% que afecta a 14 millones de brasileños y una creciente informalidad laboral, fue aprobada la reforma a la Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Desde 1943, la CLT [2] es el marco normativo brasileño que regula las relaciones laborales, individuales y colectivas, de los trabajadores urbanos y rurales, en garantía de las condiciones mínimas y derechos básicos: remuneración, duración de la jornada de trabajo y descanso, vacaciones, participación en las ganancias empresariales, entre otros.

Pese al creciente rechazo contra la reforma expresado en innumerables manifestaciones multitudinarias y tres huelgas generales en menos de un año, este texto será modificado. Si bien la propuesta de Temer rebotó agonizante de una cámara a otra en busca de los apoyos necesarios que se reducían día tras día en medio de los escándalos de corrupción que sacuden el núcleo político brasileño; finalmente, el 25 de julio pasado, recibió el visto bueno en el Senado: 50 votos contra 26.

Temer se salió con la suya. A partir de la reforma laboral se revocarán derechos para flexibilizar el mercado y dar pie a que los acuerdos individuales, negociados directamente entre empleado y empleador, se antepongan sobre la ley.

Lo acordado sobre lo legislado

Puntos claves en los que la negociación empleador-empleado se sobrepone a la CLT:

Jornada de trabajo

– Podrán ser de hasta 12 horas diarias y un máximo de 60 semanales. Se contemplan 36 horas ininterrumpidas de descanso.

– El tiempo de almuerzo durante la jornada puede ser reducido a 30 minutos.

Remuneración

– Pago de salarios será calculado sobre una base horaria o diaria, pero ya no mensual. Es decir, el empleador podrá convocar al empleado con un mínimo de tres días de antelación y le informará cuál será la jornada de trabajo. Fuera de ese período, el trabajador no estará a disposición de esa empresa.

– Se suprime el derecho a horas extras.

Terciarización laboral

– Crea una figura inexistente hasta ahora: el trabajador autónomo exclusivo, el cual si bien podrá prestar servicios a un único empleador, su vínculo laboral no es permanente. La empresa estará eximida de responder por garantías mínimas de trabajo.

Despidos

– Se reduce el tiempo de notificación de 30 a 15 días de anticipación.

– El patrón está obligado a pagar sólo la mitad del previo aviso.

– La indemnización no queda atada al salario. El valor será calculado sobre el saldo de las cotizaciones.

– El trabajador pierde el derecho al seguro por desempleo.

Vacaciones

– Podrán ser fragmentadas en 3 períodos, según lo que sea acordado, siempre que uno de ellos no sea inferior a 14 días, y los otros dos deberán tener al menos cinco días corridos cada uno.

Higiene

– Deja sin garantías de seguridad sanitaria mínima a los trabajadores. El empleador sólo está obligado a la instrucción de los riesgos de enfermedades y accidentes laborales, es decir, los libera de las responsabilidades de cubrir cualquier incidente en o durante la jornada de trabajo.

Embarazadas

– Podrán trabajar bajo condiciones que se pueden catalogar como de insalubridad.

Transporte

– El tiempo usado por el trabajador ida y vuelta hasta el lugar de trabajo, a través de cualquier medio de transporte, no será contado como parte de la jornada laboral.

En resumen, los cambios propuestos profundizan la precarización laboral dando a los patrones una suerte de “superpoder” para establecer relaciones de trabajo sin garantías de protección legal o derechos.

Reforma de Pensiones

Temer se volvió a salir con la suya. El 2 de agosto el Congreso decidió archivar la denuncia presentada por la Fiscalía en mayo pasado a razón de unos audios que lo comprometían con varios delitos de corrupción. En otras palabras, no será procesado ni suspendido de su cargo. Ese mismo día, el presidente de facto anunció que seguirá con su agenda neoliberal, siendo el régimen de jubilaciones su próxima batalla.

La iniciativa exige modificar la Constitución. Sin embargo, esto no es posible sin al menos dos tercios de los votos en el Congreso. Vistos los últimos acontecimientos, para negociar el amplio consenso parlamentario requerido, Temer terminará de vaciar las arcas públicas y con promesas comprará más conciencias.

Edad mínima de jubilación
  • Al cumplir entre 55 y 60 años cualquier brasileño se puede jubilar, hasta ahora. Con la propuesta de Temer no será sino hasta cumplidos los 62 años (mujeres) y 65 años (hombres), cuando podrán dejar de trabajar para tener derecho legal a una pensión.
Reglas para cobrar

Sólo la edad no garantiza la renta para una vejez digna. El acceso al derecho depende de si:
  • El trabajador cumplió con el tiempo mínimo de contribución al sistema que pasará de 15 a 25 años.
Y para recibir una pensión completa:
  • El trabajador tendrá que haber cotizado durante 40 años, sin interrupciones.
Hay privilegiados
  • Las pensiones de los militares, cuyo pago consume casi US$ 10.500 millones de dólares al año, no se van a tocar.
  • Los cargos políticos (futuros) se jubilarán a los 65 años. Sí, de ahora en adelante tendrán que trabajar cinco años más, pero el cambio no afectará a los actuales legisladores, sino a los diputados y senadores que sean elegidos a partir de las elecciones de 2018.
¿Y las cuentas públicas?

Según el Banco Central Do Brasil [3], durante el primer semestre del año se acumuló un déficit fiscal de US$ 10.994,7 millones. Se trata de la mayor cifra de los últimos 16 años, sólo comparable a los tiempos finales de Fernando Henrique Cardoso en la presidencia. En relación al mismo período de 2016, el aumento fue del 48%.

El evidente deterioro de las cuentas que maneja el Estado brasileño elevó en junio la deuda bruta del sector público a unos US$ 1,46 billones, montante equivalente al 73,1% del PIB, más de medio punto por arriba del 72,5 % que marcaba en mayo, todo un récord.

Tras aplazar hasta en tres ocasiones la divulgación de la estimación del déficit para 2017-2018, las cuentas oficiales dejan ver un agujero en las cuentas públicas de US$ 50.500 millones, es decir US$ 6.400 millones – 14,5% -  más grande de lo previsto inicialmente.

Con esto queda en evidencia que ni congelar los fondos destinados a la inversión pública por 20 años, ni vender a precio de “galinha morta” activos estratégicos del Estado que reportaban ganancias millonarias a las arcas públicas, ni desmantelar el patrimonio de Petrobras a favor de transnacionales, ni reducir los derechos de los trabajadores y los pensionados… NADA de esto sirve para sanear en alguna proporción las cuentas públicas, que a fin de cuentas ha sido el principal –y casi único- argumento esgrimido por la administración de Temer para echar tijera a lo que es de todos los brasileños por derecho y ahora va quedando concentrado en manos de unos pocos privilegiados. ¿Y mientras? Aumentan los números rojos, cae la recaudación y se suma un trimestre más a los ocho consecutivos de descalabro político-económico y recesión.

Crismar Lujano
No Cuba Debate

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